EL MUNICIPIO DE MADARIAGA AGREGÓ DENUNCIA POR NUEVO DESBORDE DE EFLUENTES CLOACALES EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL

La Municipalidad de General Juan Madariaga denunció formalmente ante la Justicia un nuevo episodio grave de contaminación cloacal, incorporándolo como hecho sobreviniente (nuevo hecho) en el expediente judicial caratulado “Municipalidad de General Juan Madariaga c/ Municipalidad de Pinamar y otro/a s/ Pretensión Declarativa de Certeza – Otro” (Expte. N° 11.194), iniciado el 7 de noviembre del año 2022.

Según consta en la presentación judicial, uno de los aspectos más relevantes del hecho denunciado es que los efluentes cloacales traspasaron el límite jurisdiccional entre ambos partidos, delimitado precisamente por la Ruta Provincial N° 11, e ingresaron al territorio del Partido de General Juan Madariaga, repitiendo un escenario que ya había sido denunciado en ocasiones anteriores.

En la presentación se destaca que el Municipio de Pinamar reconoció públicamente que el episodio obedeció a un desborde de efluentes cloacales, atribuyendo la responsabilidad operativa directa a la cooperativa prestadora del servicio de saneamiento, también demandada en la causa. Por su parte, la cooperativa habría sostenido que las obligaciones de control y fiscalización corresponden al Municipio, generándose un reproche recíproco entre los codemandados, quienes —según lo denunciado— se trasladan responsabilidades sin adoptar una solución técnica definitiva que evite la reiteración de estos episodios.

Como consecuencia del hecho, intervino la Policía Ambiental, labrándose las actuaciones correspondientes, y también tomó intervención el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Dolores, a través de la Fiscalía N° 5 de Pinamar, a cargo del fiscal Sergio García.

Por tal motivo, se solicitó la intervención e informes de múltiples organismos provinciales con competencia en materia de seguridad vial, ambiente y recursos hídricos, entre ellos la Autoridad del Agua (ADA), fuerzas de seguridad vial y áreas especializadas en prevención ecológica.

Asimismo, se requirió que se ordene a los codemandados —Municipalidad de Pinamar y CALP— la adopción de medidas urgentes, consistentes en:

•          El saneamiento inmediato de la Ruta Provincial N° 11 y de las zonas afectadas.

•          La ejecución de tareas de limpieza, desinfección y remediación ambiental.

•          La recomposición provisoria de los suelos dañados, sin perjuicio de la recomposición definitiva que pudiere corresponder al dictarse sentencia, garantizando condiciones ambientales mínimas compatibles con la protección de la salud y del ambiente.

•          La supervisión de organismos técnicos provinciales, con la obligación de informar periódicamente al Juzgado interviniente.

El planteo se apoya en la Ley Provincial N° 11.723, que regula la protección del ambiente en la Provincia de Buenos Aires, y en los principios de prevención y precaución, frente al riesgo de un daño grave o irreversible.

Desde el Municipio de General Juan Madariaga se sostiene que el episodio no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de contaminación estructural que motivó la demanda judicial, y que la reiteración de derrames confirma la urgencia de una tutela judicial efectiva para proteger el ambiente, la salud pública y los bienes colectivos.

La causa continúa en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea, donde quedó radicada luego de que el juez del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores, Simón Francisco Isacch, se excusara de intervenir a fines del año 2025. Será ahora dicho Juzgado el que deba resolver si incorpora este nuevo hecho, evalúa las responsabilidades y ordena medidas inmediatas para evitar que la situación vuelva a repetirse.