Realizaron gestiones ante el Banco Central para prevenir estafas en cuentas bancarias

Ante el aumento de casos de estafas en cuentas bancarias, la Dirección de Defensa del Consumidor local junto con otras autoridades de aplicación de la provincia de Buenos Aires, realizaron una presentación por ante el Banco Central de la República Argentina.

Lo cierto es que cada vez son más los casos  de phishing y/o vhishing en la que se ven afectados usuarios de las distintas entidades financieras que se encuentran bajo su órbita de vigilancia y control.

Esta situación se agravó de manera exponencial durante el contexto de Pandemia ya que son las mismas entidades quienes alientan a sus clientes a operar mediante homebanking, cajeros o medios informáticos (lo cual es considerado una actividad riesgosa en si misma) eliminando paulatinamente la atención personalizada.

Esto provocó el incremento de consultas y denuncias recibidas en los Organismos Municipales de Defensa al Consumidor, advirtiéndose que las medidas de seguridad tomadas por las Entidades Bancarias no están resultando adecuadas para minimizar y confrontar este tipo de delincuencia, como así tampoco se encuentran a la altura las políticas comerciales de atención al cliente que es víctima de estas situaciones en cuanto no mitigan las consecuencias que sufren inmediatamente de cometido el ilícito sobre sus bienes.

Con la presentación, los Organismos firmantes solicitan una audiencia con las autoridades del BCRA a los efectos de aunar criterios de trabajo y colaborar con la entidad, a la vez que solicitan: que el BCRA tome debido conocimiento, intervenga, administre y gestione nuevas y efectivas medidas de seguridad informáticas en las plataformas y todos los servicios virtuales ofrecidos por las Entidades Financieras; por lo que solicitan se dispongan canales y vías de atención prioritaria a los/as usuarios/as que denuncien haber sido víctimas de ciberdelitos para tomar debido registro, brindarles asesoramiento adecuado y adoptar medidas eficaces que permitan proteger el patrimonio de los/as afectados/as;  implementar medidas adicionales de validación en aquellas modalidades de créditos automáticos, pre-otorgados, o similares que se ofrecen y se ejecutan por medios informáticos; instruir medidas seguridad más adecuadas a fin de corroborar la identidad y datos de los usuarios que solicitan el préstamo de dinero; entre otros.

Se puede decir que los usuarios afectados por las maniobras fraudulentas padecen un doble estándar de vulnerabilidad: el que se verifica en la necesaria y forzada inclusión debido al contexto de “Emergencia Sanitaria actual” e intervención del complejo entorno digital en el que operan las maniobras fraudulentas, y el que se desprende de las acciones y presiones psicológicas que perpetuán los sujetos para acometer los actos ilícitos sobre los usuarios.

Este tipo de delitos afectan directamente el patrimonio y el salario del trabajador que goza de la máxima protección constitucional, ya que hace a su dignidad personal y las entidades financieras deben a sus clientes una activa protección de seguridad en la prestación de sus servicios.