El Municipio continúa acompañando a los vecinos del barrio Belgrano y gestiona una solución provisoria para el suministro eléctrico y procederá a la apertura de calles

Durante la jornada de ayer, un grupo de vecinos se presentó en la Municipalidad luego de que se interrumpiera el suministro eléctrico que hasta ese momento recibían de manera clandestina, situación que profundizó las dificultades que ya atraviesan.

En el Municipio se mantuvo una reunión con los vecinos y, posteriormente, junto a Marcos Jovanovic, Agustina Estanga y Diana Markovic, se concurrieron a la Fiscalía para interiorizarse sobre el estado de la denuncia penal presentada oportunamente.

Luego se trasladaron a la Cooperativa Eléctrica de General Madariaga (COEMA), donde mantuvieron una reunión con el gerente y el responsable técnico, con el objetivo de encontrar una respuesta inmediata ante la falta de suministro.

Una solución provisoria mientras se avanza en la infraestructura necesaria

Como resultado de las gestiones realizadas, se acordó que COEMA brindará provisoriamente suministro eléctrico a los vecinos, hasta tanto puedan ejecutarse las obras de infraestructura necesarias para contar con una solución definitiva.

La solución definitiva requiere la apertura y consolidación de calles y la ejecución de una obra de infraestructura eléctrica. Estas obras deberán ser afrontadas por quienes adquirieron los terrenos, sin perjuicio de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia.

El acuerdo alcanzado permitirá atender una necesidad básica de los vecinos mientras continúa el proceso judicial y se analiza el ordenamiento integral del sector.

El Municipio recorrió nuevamente el lugar

Al mediodía, el intendente municipal, acompañado por funcionarios, recorrió nuevamente el sector para observar personalmente el estado de situación y evaluar las intervenciones que pueden realizarse desde el Municipio.

Durante la recorrida se verificó la apertura de la calle Bolivia, que permitirá avanzar en el futuro tendido de la infraestructura eléctrica, y se supervisó el mejorado de la calle Alemania.

También se analizó la situación hídrica de un sector del predio donde existe una importante acumulación de agua, evaluándose alternativas que permitan favorecer su drenaje y mejorar las condiciones del lugar.

Como ya había sido señalado por el Municipio, la problemática de este macizo excede la cuestión dominial. La presencia de sectores bajos y lagunas, las dificultades para el escurrimiento del agua, la necesidad de apertura y consolidación de calles y la falta de infraestructura de servicios hacen necesario abordar la situación de manera integral.

La Municipalidad entiende que muchos de los vecinos pueden haber actuado de buena fe y encontrarse hoy frente a una situación que no esperaban, después de haber realizado un importante esfuerzo económico para acceder a un terreno o a una vivienda.

Pero también corresponde señalar con claridad que el Municipio había advertido sobre la situación y sobre la necesidad de verificar, antes de concretar cualquier operación, la titularidad de los terrenos, la documentación que respaldaba los derechos que se pretendían transferir, la situación urbanística y la posibilidad efectiva de acceder a los servicios básicos.

Comprar un terreno sin realizar esas verificaciones implica asumir un riesgo que no puede ser trasladado posteriormente al Estado municipal.

La necesidad de acceder a una vivienda es absolutamente legítima, pero también existe una responsabilidad individual en cualquier operación de este tipo. El Municipio no puede reemplazar las verificaciones que debe realizar quien decide invertir sus ahorros en un inmueble, ni asumir las consecuencias económicas de una compra realizada sin contar con las garantías y documentación necesarias.

Desde la Municipalidad se continuará acompañando a los vecinos y realizando las gestiones que se encuentren dentro de sus competencias para atender las necesidades más urgentes y procurar el ordenamiento del sector.

Esto no significa que el Estado municipal deba asumir obligaciones que corresponden a quienes comercializaron los terrenos o a quienes adquirieron derechos sobre ellos. Las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia y por los organismos competentes.

El objetivo seguirá siendo encontrar soluciones posibles para los vecinos, avanzar en el ordenamiento del sector y evitar que nuevas familias comprometan sus ahorros en terrenos cuya situación jurídica, urbanística y de infraestructura no haya sido previamente verificada.