El Municipio denunció cesiones de lotes y advierte sobre la compleja situación del macizo del barrio Belgrano

La Municipalidad de General Madariaga presentó una denuncia ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires contra Rosario Julia Bulfoni, titular del Registro N.º 5 del partido de Pinamar, y solicitó que se investigue su actuación profesional en la certificación de firmas de contratos de cesión vinculados con lotes ubicados en las calles Perú, Alemania, Líbano y Bolivia de nuestra ciudad.

Según la presentación municipal, realizada el 14 de agosto de 2026, en dichos instrumentos Oscar Domingo Serviel figuraba como cedente de lotes o derechos sobre los mismos. Sin embargo, de acuerdo con la documentación analizada por el Municipio, Serviel no figura como titular de esos terrenos y tampoco se habría acreditado documentación que respaldara los derechos que decía transferir, como boletos de compraventa, títulos o cesiones anteriores.

La denuncia municipal también advierte sobre la existencia de varios contratos confeccionados con un formato similar y vinculados a operaciones realizadas por la misma persona. Por este motivo, se solicitó al Colegio de Escribanos que analice la actuación profesional desarrollada y determine, dentro de sus competencias, qué documentación fue presentada y cuál fue el alcance de la intervención de la escribana.

Cabe aclarar que la certificación de firmas no equivale a una escritura pública ni acredita por sí misma la titularidad de un inmueble o de los derechos invocados en un contrato. La cuestión central es determinar qué documentación respaldaba las sucesivas cesiones y en qué condiciones fueron instrumentadas.

Paralelamente, vecinos que manifiestan haber sido afectados por estas operaciones realizaron una denuncia penal ante la Fiscalía, solicitando que la Justicia investigue si los hechos podrían configurar un delito de estafa. Esta investigación es independiente de la actuación que pudiera corresponder al Colegio de Escribanos.

De acuerdo con la información reunida, las sumas abonadas por quienes adquirieron estos derechos son, en muchos casos, significativas y los compradores provienen mayoritariamente de otros distritos. El Municipio entiende que muchos de ellos podrían haber actuado de buena fe y ser, eventualmente, damnificados por una operación cuya legalidad deberá determinar la Justicia.
Una situación que excede la cuestión dominial

A la situación jurídica se suma una problemática urbanística y de infraestructura que el Municipio considera especialmente relevante.

El macizo presenta características particulares: se trata de un sector con presencia de lagunas y terrenos ubicados por debajo de la cota de la calle. Algunas viviendas ya fueron construidas en esas condiciones, lo que genera dificultades para el normal escurrimiento del agua y requiere importantes obras hidráulicas y, en determinados sectores, tareas de relleno y elevación de los terrenos.

Estas obras representan costos significativos y no constituyen una solución que pueda resolverse individualmente por cada propietario, sino que requieren una planificación y una intervención integral sobre el sector.

A esto se suma otro problema central: actualmente el macizo no cuenta con provisión regular de energía eléctrica.

La Cooperativa Eléctrica de General Madariaga informó al Municipio que, para poder llevar el suministro eléctrico a la totalidad de la zona, es necesario previamente avanzar con la apertura y consolidación de calles y ejecutar una obra de infraestructura eléctrica de considerable magnitud. Por las características actuales del sector, no resulta técnicamente posible brindar una solución definitiva de manera inmediata.

Algunas viviendas están siendo abastecidas provisoriamente mediante instalaciones particulares, una modalidad que tampoco constituye una solución regular y definitiva para el desarrollo del sector.

El Municipio entiende la situación de los vecinos, pero advierte sobre la necesidad de prevenir
Desde la Municipalidad se entiende que quienes adquirieron estos terrenos pueden ser, en muchos casos, personas que actuaron de buena fe y realizaron un esfuerzo económico importante para acceder a un lote o a una vivienda.

En un contexto económico complejo, donde para muchas familias la adquisición de un terreno representa el destino de buena parte de sus ahorros y el esfuerzo de muchos años, resulta especialmente preocupante que puedan encontrarse hoy frente a una situación de estas características.

Por eso, el Municipio considera necesario que las investigaciones avancen y que, si existieron irregularidades, se determinen las responsabilidades que correspondan.

Al mismo tiempo, esta situación debe servir como un llamado a la prevención. Antes de concretar una operación inmobiliaria es fundamental verificar la titularidad del inmueble, la documentación que respalda los derechos que se pretenden transferir, la situación dominial y urbanística del lote y la posibilidad efectiva de acceder a los servicios básicos.

La necesidad de acceder a una vivienda o a un terreno es absolutamente legítima, pero precisamente por el esfuerzo que implica, cualquier decisión de compra debe estar acompañada de las verificaciones necesarias. Brindar información y advertir sobre situaciones que pueden comprometer el patrimonio de los vecinos también forma parte de la responsabilidad del Estado municipal.

El Municipio continuará interviniendo dentro de sus competencias

La Municipalidad puso a disposición de los organismos correspondientes la documentación reunida y promovió las actuaciones necesarias, acompañando como respaldo el expediente administrativo municipal N.º 1337/2026.

El Municipio continuará realizando las gestiones que estén dentro de sus competencias para procurar el ordenamiento de la situación, acompañar a los vecinos afectados y evitar que nuevas personas puedan verse involucradas en operaciones sobre terrenos cuya situación jurídica o urbanística no se encuentre debidamente esclarecida.

Será la Justicia la que determine, en caso de corresponder, la existencia de responsabilidades penales, mientras que los organismos competentes deberán analizar las actuaciones profesionales y administrativas vinculadas con las operaciones denunciadas.

La Municipalidad considera que el objetivo debe ser doble: acompañar a quienes puedan haber sido perjudicados y, al mismo tiempo, evitar que nuevas familias comprometan sus ahorros en terrenos cuya situación no esté previamente verificada.